El gobernador respaldó nuevamente el proyecto turístico de lujo y aseguró que representa una apuesta al desarrollo. La operación fue autorizada excepcionalmente por su Gobierno, involucra a una sociedad controlada por capitales de Dubái y permanece detenida registralmente por orden judicial.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, volvió a defender la controvertida operación inmobiliaria sobre terrenos ubicados dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno.
Sus declaraciones fueron realizadas durante la presentación de la reglamentación de la Ley de Promoción Industrial, desarrollada en las instalaciones de Santa Cruz Puede S.A.U. Allí, el mandatario respaldó la llegada de inversiones privadas destinadas a construir un complejo turístico de lujo.
“Es apostar al turismo, ¿cuál es el problema?”, expresó Vidal al responder las críticas que recibió su Gobierno por autorizar la operación.
UNA VENTA ENTRE PRIVADOS QUE NECESITÓ UNA EXCEPCIÓN PROVINCIAL
El gobernador sostiene que la Provincia no vende las tierras porque se trata de una transacción entre empresas privadas. Sin embargo, la operación pudo avanzar a partir del Decreto 915/2026, firmado por Vidal y el ministro de Economía, Ezequiel Verbes.
La normativa otorgó, por única vez, una excepción a las restricciones que impedían la venta a extranjeros de terrenos ubicados dentro de áreas naturales protegidas.
La empresa propietaria, Lacustre del Sud S.A., solicitó transferir las parcelas G2 y G3 a ASB Hospitality Calafate S.A.U., una sociedad constituida en Argentina pero controlada por ASB Hospitality LLC, de Dubái. Los terrenos involucrados suman aproximadamente 21 hectáreas.
El proyecto contempla la construcción de alojamientos turísticos de lujo. El Ejecutivo provincial argumenta que la iniciativa generará inversiones, empleo y una ampliación de la oferta turística de Santa Cruz.
Vidal también cuestionó a las administraciones anteriores y sostuvo que durante el kirchnerismo grandes extensiones de tierras terminaron en manos privadas y extranjeras. El mandatario utilizó esos antecedentes para responder a quienes actualmente rechazan la operación en Península de Magallanes.
LA OPERACIÓN CONTINÚA DETENIDA REGISTRALMENTE
La controversia también llegó a la Justicia. El juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz que no inscriba transferencias, cesiones ni nuevos derechos reales sobre las parcelas G2 y G3.
La medida busca conservar la situación registral de los terrenos mientras se define la competencia judicial. La causa fue remitida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fallo no anuló la compraventa, no dejó sin efecto el Decreto 915/2026 y tampoco ordenó paralizar materialmente el emprendimiento. Por el momento, impide que se registren modificaciones sobre la titularidad de las tierras.
Mientras Vidal insiste en presentar la iniciativa como una oportunidad para atraer inversiones y generar trabajo, distintos sectores políticos, sociales y ambientales mantienen sus cuestionamientos por tratarse de tierras estratégicas situadas dentro de un área natural protegida y frente a uno de los principales atractivos turísticos de la Argentina.
La discusión sobre el futuro de la Península de Magallanes continúa abierta, ahora tanto en el escenario político como en el judicial.
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