Una medida cautelar suspendió los efectos de las decisiones que podían derivar en el apartamiento de integrantes del máximo tribunal provincial. Renée Fernández podrá continuar ejerciendo sus funciones mientras avanza la causa y tampoco podrá designarse un reemplazante.
La disputa institucional por las jubilaciones de integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz sumó este jueves un capítulo clave. El juez Luis Manuel Cappa hizo lugar a una medida cautelar interina presentada por la vocal Renée Guadalupe Fernández y frenó cualquier procedimiento que pueda derivar en su cese.
La resolución suspende, respecto de la magistrada, los efectos del Decreto Provincial N° 608/24 y del Acuerdo N° 1397/26 de la Caja de Previsión Social, en cuanto puedan utilizarse para concretar su apartamiento del máximo tribunal.
El conflicto también alcanza a las vocales Paula Ludueña y Alicia Mercau, en medio de la controversia generada por los beneficios jubilatorios impulsados desde la Caja de Previsión Social y los cuestionamientos realizados por las magistradas al procedimiento.
No podrán reemplazarla ni declarar vacante el cargo
El fallo establece que Fernández deberá permanecer en el pleno ejercicio de sus funciones y prohíbe avanzar con medidas destinadas a cubrir su lugar mientras continúe vigente la cautelar.
Esto implica que no podrá declararse vacante el cargo, iniciarse un mecanismo para designar a otra persona en su reemplazo ni darse de baja sus haberes como magistrada en actividad.
La resolución representa un freno judicial a las decisiones impulsadas desde el ámbito provincial en una controversia que generó fuertes repercusiones dentro del Poder Judicial santacruceño.
La discusión de fondo continúa
La cautelar tendrá una vigencia de 60 días y no significa que la Justicia haya resuelto definitivamente la controversia.
Durante ese período deberá continuar el proceso para determinar la cuestión central: si el otorgamiento del beneficio jubilatorio puede producir el cese de una integrante del Tribunal Superior y bajo qué procedimiento puede concretarse.
Mientras esa discusión continúa, las vocales involucradas permanecerán en funciones y el Gobierno provincial no podrá avanzar con medidas que impliquen su apartamiento en los términos alcanzados por la decisión judicial.
El conflicto por la integración del máximo tribunal de Santa Cruz queda así nuevamente en manos de la Justicia, que deberá resolver ahora una cuestión de fuerte impacto institucional para la provincia.
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