La denuncia involucra directamente a la Policía provincial y tiene como protagonista a uno de los funcionarios más importantes del Gobierno de Santa Cruz. El caso llegará a la Legislatura, donde podrían interpelar al ministro Pedro Pródromos y convocar a Diego Agüero y Luis Bordón.
La denuncia presentada por el jefe de Gabinete de Santa Cruz, Pedro Luxen, provocó una fuerte conmoción política e institucional. Diputados de la provincia llevarán el caso a la Legislatura y pedirán explicaciones por las presuntas tareas de espionaje ilegal realizadas sobre una propiedad del funcionario.
Luxen ocupa uno de los cargos de mayor importancia dentro del Ejecutivo y es una de las personas de confianza del gobernador Claudio Vidal. Por ese motivo, la posibilidad de que integrantes de la propia Policía de Santa Cruz lo hayan vigilado de manera clandestina abre numerosos interrogantes dentro del Gobierno provincial.
El diputado Carlos Godoy anticipó que el tema será planteado en la Cámara mediante una cuestión de privilegio. Además, adelantó que se analiza solicitar la interpelación del ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, y convocar a la máxima conducción de la Policía provincial.
“Si le pasa al jefe de Gabinete, a la persona de confianza del gobernador, que lo están investigando, que lo están siguiendo y demás, ¿qué queda para el vecino común?”, cuestionó el legislador en declaraciones a Radio Nuevo Día.
La denuncia por presunto espionaje ilegal
Pedro Luxen denunció ante la Fiscalía de Primera Instancia N.º 2 de Río Gallegos la presencia reiterada de distintos vehículos en las inmediaciones de una propiedad suya ubicada en la zona de chacras.
De acuerdo con la presentación judicial, trabajadores del lugar habían observado automóviles estacionados durante períodos prolongados. Entre los vehículos señalados se encontrarían una Ford EcoSport marrón y una Fiat Strada gris oscura.
El episodio que encendió todas las alarmas ocurrió el 22 de agosto, cuando la esposa del jefe de Gabinete detectó un Peugeot 208 en el sector. Tras consultar los datos del dominio, Luxen habría comprobado que el automóvil pertenecía a la flota de la Policía de la Provincia de Santa Cruz.
Siempre según lo denunciado, el funcionario siguió al conductor hasta una estación de servicio del barrio San Benito. Allí, el hombre habría reconocido que pertenecía a la Policía provincial y que formaba parte de un grupo de efectivos que realizaba tareas de vigilancia mediante turnos rotativos.
La situación generó temor y preocupación tanto en Luxen como en su familia. Ante la posible participación de policías provinciales, el funcionario solicitó que cualquier eventual custodia o ronda preventiva sobre sus domicilios quede bajo la responsabilidad de fuerzas federales.
Diputados exigirán respuestas al ministro y a la cúpula policial
El caso llegará ahora a la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Los legisladores buscarán determinar quién habría ordenado las presuntas tareas de espionaje ilegal, con qué finalidad se realizaron y si existía una autorización judicial que respaldara el operativo.
También se planteará la posible interpelación del ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, junto con la convocatoria del jefe de la Policía de Santa Cruz, Diego Agüero, y del subjefe de la fuerza, Luis Bordón.
Los tres funcionarios podrían ser llamados a explicar ante la Legislatura qué participación habría tenido la institución policial en los hechos denunciados por el jefe de Gabinete.
“La lógica sería llamar a interpelación y que se acerquen el ministro de Seguridad y la cúpula de la Policía a dar explicaciones”, manifestó Godoy.
Los diputados buscarán respuestas concretas: quién dispuso el presunto seguimiento contra Luxen, qué efectivos participaron, qué recursos oficiales se habrían utilizado y si existía una orden judicial que autorizara esas tareas.
Un hecho que golpea al corazón del Gobierno
La denuncia adquiere una gravedad todavía mayor porque tiene como protagonista al jefe de Gabinete, uno de los funcionarios con mayor poder y responsabilidad dentro del Gobierno de Santa Cruz.
Además, Luxen y el ministro de Seguridad forman parte del mismo Ejecutivo provincial. La presunta utilización de efectivos y vehículos policiales para vigilar a uno de los principales funcionarios del Gobierno podría dejar al descubierto una profunda crisis dentro de la administración de Claudio Vidal.
El diputado Godoy también vinculó el episodio con supuestas diferencias internas dentro del oficialismo y recordó el papel que Luxen había intentado asumir durante el reciente conflicto policial. Según su planteo, el jefe de Gabinete habría sido posteriormente apartado de las negociaciones.
Frente a este escenario, el legislador reclamó la intervención política del gobernador para evitar que una presunta disputa interna termine afectando la institucionalidad de Santa Cruz.
El caso también abre un interrogante central: si uno de los hombres más importantes del Ejecutivo provincial pudo haber sido objeto de vigilancia clandestina, ¿qué garantías tienen los ciudadanos comunes frente a este tipo de prácticas?
La Justicia deberá determinar quién ordenó la vigilancia
La Justicia ya inició las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades. Hasta el momento, no se informó públicamente si existía alguna orden judicial que autorizara el seguimiento denunciado.
La presentación de Luxen permanece bajo investigación y todavía no representa una confirmación judicial de que haya existido un delito. Sin embargo, la posible utilización de personal y vehículos oficiales de la Policía provincial para realizar tareas de espionaje ilegal contra el jefe de Gabinete representa un hecho de enorme gravedad institucional.
Ahora, todas las miradas estarán puestas en la Cámara de Diputados, el ministro Pedro Pródromos, el jefe de Policía Diego Agüero, el subjefe Luis Bordón y el gobernador Claudio Vidal.
Santa Cruz espera respuestas urgentes para conocer quién ordenó la presunta vigilancia, cuál era su verdadero objetivo y hasta dónde llega este escándalo que golpea directamente al corazón del Gobierno provincial.
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