El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, cuestionó la retención de recursos de la coparticipación vinculada a una presunta deuda con la Caja de Previsión Social. Advirtió que la situación podría afectar el funcionamiento del Municipio y el pago de salarios, y anunció presentaciones ante distintos organismos provinciales.
El conflicto entre la Municipalidad de Río Gallegos y el Gobierno de Santa Cruz suma un nuevo capítulo luego de que el Tribunal Superior de Justicia revocara una medida cautelar que impedía avanzar sobre fondos municipales.
La decisión habilitó retenciones sobre recursos correspondientes a la coparticipación de Río Gallegos, en el marco de una presunta deuda con la Caja de Previsión Social (CPS).
Ante esta situación, el intendente Pablo Grasso comenzó a recorrer distintas áreas municipales junto a integrantes de su gabinete para informar a los trabajadores sobre el alcance del conflicto.
Advierten por el impacto en los salarios
Grasso sostuvo que la retención de recursos no solamente afecta a la administración municipal, sino que podría comprometer el funcionamiento de los servicios y la capacidad de afrontar en tiempo y forma el pago de los salarios.
“La retención de recursos que le corresponden a Río Gallegos no es un ataque a una gestión de gobierno, sino un condicionamiento directo a los servicios que recibe la comunidad y al sustento de las familias municipales”, manifestó el jefe comunal.
Desde el Municipio consideran que las retenciones afectan la previsibilidad financiera de la comuna y cuestionan su constitucionalidad, al entender que vulneran la autonomía municipal reconocida por la Constitución Provincial.
Tres presentaciones
En ese marco, el Municipio anunció que avanzará con tres presentaciones, dirigidas al Tribunal Superior de Justicia, al Poder Ejecutivo Provincial y a la Cámara de Diputados de Santa Cruz.
El objetivo será solicitar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los descuentos aplicados a la coparticipación y reclamar garantías sobre los recursos que corresponden a Río Gallegos.
Grasso también vinculó el conflicto con las políticas de los gobiernos nacional y provincial. “El modelo de Javier Milei en la Nación y de Claudio Vidal en la provincia es de achique, atacando a los trabajadores y trabajadoras, y nosotros no lo vamos a permitir”, afirmó.
El conflicto continuará ahora en el plano institucional y judicial, mientras desde la Municipalidad advierten que la reducción de recursos podría tener consecuencias directas sobre los trabajadores y los servicios que se prestan a los vecinos de Río Gallegos.
Fuente: Diario Nuevo Día
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