Fabián Varela, vocero de Policías Autoconvocados, volvió a reclamar que el Gobierno de Santa Cruz haga efectivo el pago del ítem compensador que percibe el personal en actividad. Los retirados sostienen que la normativa respalda la equiparación, cuestionan una decisión política que hasta el momento impide el cobro y mantienen el acampe frente a la Jefatura de Policía.
El reclamo de los policías retirados y pensionados de Santa Cruz continúa sin una solución concreta. Mientras permanece instalado el acampe frente a la Jefatura de Policía en Río Gallegos, Fabián Varela volvió a exigir que se haga efectivo el pago del ítem compensador salarial que actualmente perciben los efectivos en actividad.
La discusión lleva meses y tiene como punto central la equiparación de los haberes del sector pasivo con los conceptos salariales que cobran los activos. Desde el sector sostienen que ya realizaron las presentaciones administrativas correspondientes y que, a esta altura, no esperan nuevas reuniones sino una definición concreta del Gobierno provincial.
“Ya no necesitamos diálogo, necesitamos que nos paguen”, resumió Varela al referirse a una situación que continúa generando malestar entre jubilados, retirados y pensionados policiales.
¿Qué reclaman los retirados?
El pedido está relacionado con el ítem compensador incorporado a los ingresos del personal policial activo. Los retirados reclaman que ese concepto también sea trasladado a sus haberes, amparándose en el régimen de movilidad que establece la legislación provincial.
Varela sostuvo que la Ley 1864, correspondiente al régimen policial, y la Ley 1782, vinculada al sistema previsional provincial, establecen el principio por el cual las mejoras salariales que recibe un trabajador activo deben trasladarse al sector pasivo según corresponda.
Por ese motivo, los manifestantes consideran que no se trata de solicitar un beneficio extraordinario, sino de cobrar una suma que entienden que legalmente debe impactar también sobre sus ingresos.
Las presentaciones ante la Caja de Previsión
El sector realizó dos presentaciones ante la Caja de Previsión Social y, según explicó Varela, se encuentra terminando la instancia administrativa.
Uno de los puntos más fuertes de sus declaraciones estuvo relacionado con las respuestas obtenidas dentro del propio organismo previsional. De acuerdo con el vocero, tanto desde el área de asesoría letrada como desde la conducción de la Caja se habría reconocido la existencia del planteo y que la definición final depende de una decisión política.
Varela mencionó concretamente al presidente de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez, al explicar las respuestas recibidas durante las gestiones realizadas.
Para los retirados, esta situación refuerza su postura: consideran agotada la etapa de reuniones, notas y presentaciones y reclaman que el Gobierno avance directamente con el pago.
La Resolución 307/2024, en el centro de la discusión
Otro de los puntos cuestionados es la Resolución 307/2024 y su aplicación sobre los haberes previsionales.
Según explicó Varela, inicialmente se argumentó que determinados retirados y pensionados no podían cobrar el compensador debido a que, mientras estaban en actividad, no habían realizado aportes específicamente sobre ese concepto.
El sector rechaza esa interpretación y sostiene que el régimen de movilidad salarial debe prevalecer.
Además, Varela remarcó que, según la interpretación de los autoconvocados, la Resolución 307/2024 alcanza a los regímenes contemplados dentro de la Ley 1782, mientras que los retirados y pensionados policiales poseen un régimen específico establecido por la Ley 1864.
“Nosotros no estamos insertos en la 307”, afirmó.
Diputados podría avanzar sobre la Resolución 307
El conflicto también llegará nuevamente al ámbito legislativo. Varela adelantó que la vocal representante de los pasivos fue convocada a la Cámara de Diputados y que existe una iniciativa destinada a avanzar sobre la derogación de la Resolución 307/2024.
El referente sostuvo que esa normativa perjudica a jubilados, retirados y pensionados de Santa Cruz, aunque volvió a aclarar que, desde la posición del sector policial, la situación particular de los retirados de la fuerza no debería quedar condicionada por esa resolución.
Por eso, independientemente de lo que ocurra en la Legislatura, mantienen el pedido directo al Ejecutivo provincial para que se reconozca y abone el compensador.
Una promesa que los retirados siguen esperando
El reclamo se profundizó porque los retirados aseguran que existieron compromisos para avanzar con una solución y que, pese al paso del tiempo, el dinero continúa sin verse reflejado en sus haberes.
El sector viene reclamando el pago del compensador que fue otorgado al personal activo y sostiene que las respuestas recibidas hasta ahora no se tradujeron en una solución económica para quienes se encuentran retirados o pensionados.
Por eso, el eje del planteo cambió: ya no buscan solamente una nueva instancia de conversación. Después de meses de gestiones, presentaciones y permanencia en la calle, exigen que aquello que consideran reconocido y comprometido finalmente sea abonado.
El acampe continuará frente a Jefatura
Los retirados mantienen la carpa instalada frente a la Jefatura de Policía de Río Gallegos y no tienen previsto levantar la medida mientras no exista una respuesta concreta.
Varela incluso advirtió que, si la situación continúa sin resolverse, podrían llegar al próximo 14 de noviembre, Día de la Policía de Santa Cruz, todavía apostados frente al edificio de la fuerza.
La posibilidad tendría un fuerte significado simbólico: retirados policiales llegando a una de las fechas más importantes para la institución todavía reclamando frente a la propia Jefatura por una deuda salarial que consideran legítima.
“Seguimos luchando por esto que es legal, es digno, es justo y la Justicia nos va a escuchar”, expresó Varela.
El conflicto, de esta manera, continúa abierto. Los retirados aseguran haber cumplido con las instancias administrativas, sostienen que cuentan con respaldo legal para exigir la equiparación y apuntan ahora directamente a una definición política del Gobierno de Santa Cruz.
Después de meses de espera, el mensaje que transmiten desde el acampe es contundente: no quieren nuevas promesas ni más reuniones sin resultados. Quieren que el compensador reclamado sea finalmente incorporado y pagado.
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