Jefes policiales de El Calafate declararon ante la Justicia que las emergencias estuvieron garantizadas durante el reclamo salarial. Los libros de guardia también dejarían constancia de la presencia del personal adherido a la medida. Mientras tanto, con el reclamo ya levantado y todos los efectivos nuevamente en sus funciones habituales, comienza a quedar expuesta otra problemática: pocos recursos humanos, una importante cantidad de detenidos y comisarías que no fueron diseñadas para funcionar como establecimientos penitenciarios.
La investigación contra efectivos policiales de El Calafate comienza a incorporar elementos que podrían resultar determinantes y que ponen bajo análisis la denuncia impulsada desde la Jefatura de la Policía de Santa Cruz, encabezada por el comisario general Diego Agüero.
Uno de los datos de mayor relevancia surgió de las declaraciones realizadas ante la Justicia por responsables de dependencias policiales de la localidad.
Según la información conocida, los superiores habrían coincidido en que durante las medidas vinculadas al reclamo salarial las situaciones de urgencia y emergencia estuvieron cubiertas.
Incluso, personal adherido a la medida habría permanecido presente durante sus guardias y colaborado ante emergencias y diferentes requerimientos cuando fue necesario.
LOS LIBROS DE GUARDIA, OTRO ELEMENTO CLAVE
A las declaraciones se sumarían los libros de guardia y registros oficiales de las dependencias, donde quedaría asentada la presencia de efectivos que se encontraban adheridos a la medida.
Esta documentación permitiría verificar que el personal se presentó en sus lugares de trabajo durante sus horarios habituales.
De incorporarse estos elementos al expediente, la denuncia deberá ser contrastada no solamente con el testimonio de los policías investigados, sino también con las declaraciones de sus propios superiores y con documentación oficial de las dependencias.
Esto podría debilitar la hipótesis de un incumplimiento generalizado y obligará a determinar individualmente qué conducta concreta se le atribuye a cada efectivo denunciado.
La pregunta será inevitable: si el personal estuvo presente, cumplió sus horarios y las emergencias fueron garantizadas, ¿cuál fue concretamente el incumplimiento?
LA MEDIDA TERMINÓ, LOS POLICÍAS VOLVIERON A SUS TAREAS Y EL PROBLEMA SIGUE
Existe además otro dato que podría abrir una discusión mucho más profunda sobre el funcionamiento policial en El Calafate.
Actualmente la medida de fuerza se encuentra levantada y el personal desarrolla nuevamente sus tareas habituales. Sin embargo, comenzarían a quedar expuestas serias dificultades relacionadas con la disponibilidad de recursos humanos y, particularmente, con la gran cantidad de detenidos alojados en dependencias policiales.
La situación alcanzaría especialmente a las Comisarías Primera y Segunda.
Una importante cantidad de efectivos debe quedar afectada diariamente a la custodia de personas privadas de su libertad, reduciendo considerablemente los recursos humanos disponibles para garantizar simultáneamente las restantes funciones de cada dependencia.
Según información recabada por este medio, entre ambas comisarías se estaría alojando una cantidad de detenidos similar o incluso superior a la existente en el establecimiento penitenciario de El Calafate. Este será uno de los datos que deberá ser respaldado mediante los registros correspondientes.
El problema no sería solamente numérico.
Las comisarías no fueron diseñadas para funcionar como establecimientos penitenciarios ni contarían con infraestructura adecuada para mantener semejante cantidad de personas alojadas durante períodos prolongados.
La situación generaría escenarios particularmente delicados.
Los detenidos utilizarían para bañarse instalaciones sanitarias destinadas también al personal policial, mientras que sectores destinados al descanso o al funcionamiento de oficinas de oficiales llegarían a utilizarse para que las personas detenidas reciban visitas de sus familiares.
A esto se sumarían otras dificultades vinculadas con la seguridad interna, las condiciones de alojamiento y la cantidad de policías necesaria para garantizar la custodia.
MUCHOS DETENIDOS, POCOS POLICÍAS
Este escenario podría terminar dejando al descubierto una problemática estructural.
Con la totalidad del personal nuevamente trabajando y sin una medida de fuerza vigente, las dificultades continúan.
Una dependencia policial necesita efectivos para responder emergencias, recibir denuncias, realizar procedimientos, mantener guardias, desarrollar prevención y cumplir numerosas funciones operativas.
Pero al mismo tiempo, una parte de esos mismos policías debe permanecer dentro de las comisarías garantizando permanentemente la seguridad de una importante cantidad de detenidos.
Muchos detenidos para pocos policías y dentro de instalaciones que no fueron concebidas como unidades penitenciarias.
Existiría además material fílmico que podría ser puesto a disposición de las autoridades judiciales para documentar las condiciones actuales de las dependencias, la cantidad de personas alojadas y los espacios con los que cuentan tanto los detenidos como el propio personal.
La causa comenzó con una denuncia de la máxima conducción de la Policía provincial contra personal subalterno por lo sucedido durante un reclamo salarial.
Ahora, las declaraciones de los propios jefes, los libros de guardia y los registros oficiales podrían resultar fundamentales para determinar si efectivamente existieron los incumplimientos denunciados.
Y con la medida ya finalizada y los policías nuevamente cumpliendo normalmente sus funciones, también podría quedar al descubierto que algunos de los principales problemas operativos de las comisarías de El Calafate continúan presentes: escasez de recursos humanos, numerosos detenidos bajo custodia y dependencias que deben asumir funciones para las cuales su infraestructura no fue diseñada.
Será la Justicia, a partir de las pruebas incorporadas, la que determine finalmente qué ocurrió y las responsabilidades que correspondan.
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