La contratación de National Security Enterprise SRL durante la gestión de Claudio Vidal volvió al centro de la escena. El servicio fue señalado por un costo de $115,95 millones mensuales y un informe nacional denunció que la firma tenía apenas 10 empleados y que el primer mes habría sido pagado por adelantado. El Gobierno provincial rechazó posteriormente esas acusaciones y aseguró que 58 trabajadores estaban afectados al servicio.
Santa Cruz vuelve a quedar en el centro de una noticia de repercusión nacional. Una contratación realizada durante el Gobierno de Claudio Vidal para brindar seguridad privada en el Hospital Regional de Río Gallegos vuelve a cobrar relevancia por los montos involucrados, las características de la empresa contratada y sus vinculaciones societarias.
La firma en cuestión es National Security Enterprise SRL. En enero de 2025 se conoció públicamente que había sido seleccionada para prestar seguridad en el principal hospital de la capital santacruceña por una cifra superior a los $115 millones. Información publicada en aquel momento señaló que el procedimiento utilizado fue una contratación directa.
Posteriormente, una investigación difundida por Telenueve Denuncia llevó el caso a la televisión nacional y aseguró que el monto ascendía concretamente a $115.950.000 por mes.
La denuncia: 10 empleados y un primer pago por adelantado
Uno de los puntos que mayor controversia generó fue la cantidad de trabajadores que tendría la firma.
El informe y publicaciones que reprodujeron la investigación sostuvieron que National Security Enterprise contaba con una nómina de apenas 10 empleados y que, pese a ello, el contrato para la seguridad del Hospital Regional alcanzaba los $115.950.000 mensuales.
Pero hubo otro dato todavía más sensible.
Según la denuncia difundida en aquel momento, el Estado provincial habría autorizado el pago correspondiente al primer mes antes de que existiera una prestación efectiva del servicio. Es decir, se denunció un desembolso anticipado de $115.950.000.
Estos cuestionamientos pusieron bajo la lupa el procedimiento utilizado, el monto comprometido y la capacidad operativa que tenía la empresa al momento de asumir una tarea sensible como la seguridad de dependencias sanitarias.
¿Qué empresa es National Security Enterprise?
La documentación oficial permite comprobar que National Security Enterprise SRL estableció una sucursal en Río Gallegos durante 2024, con domicilio en calle Bustamante 280. El aviso fue publicado en el Boletín Oficial de Santa Cruz el 19 de junio de ese año.
Posteriormente, el 22 de julio de 2024, la firma fue incorporada al Registro Único de Proveedores de Santa Cruz para prestar servicios de seguridad privada mediante personas físicas en toda la provincia. Su inscripción fue renovada en marzo de 2025.
La empresa había sido constituida anteriormente fuera de Santa Cruz y su llegada a la provincia, seguida de su incorporación como proveedora estatal y posterior contratación para un servicio millonario, fue uno de los aspectos que despertó cuestionamientos.
El vínculo con Fernando Cerimedo
Otro punto que colocó el caso en la agenda política fue la relación de la empresa con el entorno de Fernando Cerimedo, consultor y estratega digital vinculado políticamente a Javier Milei.
National Security Enterprise fue vinculada societariamente a Natalia Basil, pareja de Cerimedo, antes de posteriores modificaciones en la composición de la firma.
El nombre de Cerimedo volvió a ocupar las noticias internacionales esta semana por un hecho completamente diferente: fue detenido en Bolivia en el marco de la investigación por el ataque a balazos contra la analista política Nadia Beller.
Beller recibió tres disparos y sobrevivió. Cerimedo fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra cuando intentaba viajar hacia Buenos Aires y quedó a disposición de las autoridades bolivianas mientras se investiga su eventual vinculación con el hecho.
Este episodio no prueba por sí mismo ninguna irregularidad en el contrato santacruceño, pero volvió a poner en exposición pública el nombre de Cerimedo y, con ello, los antecedentes de la empresa que había quedado vinculada a su entorno.
La respuesta del Gobierno: negó los 10 empleados y habló de 58 trabajadores
La controversia también tiene una respuesta oficial que debe ser incorporada.
En marzo de 2025, el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz rechazó públicamente las acusaciones difundidas a nivel nacional y negó que se tratara de una empresa sin capacidad para prestar el servicio.
El Gobierno aseguró que National Security Enterprise tenía 58 empleados afectados a la cobertura del Hospital Regional, su anexo, nueve centros de salud, el área de Salud Mental y otras dependencias sanitarias.
También sostuvo que esos trabajadores eran los mismos que anteriormente cumplían funciones para Romero Sistemas, la firma que había tenido a su cargo la seguridad.
El Ministerio negó además la existencia de una contratación directa en los términos denunciados y aseguró que la empresa era remunerada contra la presentación mensual de las correspondientes facturas. Según la versión oficial, el servicio anterior tenía un costo aproximado de $180 millones, unos $60 millones más que el nuevo esquema.
De esta manera, existen dos versiones claramente enfrentadas: por un lado, las denuncias periodísticas que hablaron de 10 empleados, $115,95 millones mensuales y un primer pago anticipado; por el otro, la posición oficial del Gobierno provincial, que aseguró que había 58 trabajadores y rechazó las acusaciones sobre las condiciones de contratación y pago.
La empresa tuvo posteriormente actuaciones ante Trabajo
El nombre de National Security Enterprise volvió a aparecer en documentación oficial tiempo después.
En octubre de 2025, el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz formuló cargos contra la firma luego de una inspección. Entre las observaciones figuraban faltantes de recibos de sueldo, comprobantes de acreditación bancaria y un listado completo del personal correspondiente a septiembre de ese año.
Además, el Boletín Oficial provincial publicó en julio de 2026 una citación a la empresa dentro de un expediente identificado como “CID Gastón sobre reclamo laboral contra Empresa National Security Enterprise SRL”.
Un contrato que vuelve a quedar bajo la lupa
A más de un año de aquella polémica, la historia vuelve a cobrar relevancia por la exposición nacional e internacional de algunos de sus protagonistas.
El punto central continúa siendo el mismo: una empresa privada que llegó a Santa Cruz, se incorporó al registro provincial de proveedores y terminó prestando un servicio de seguridad financiado con fondos públicos por una cifra superior a los $115 millones mensuales, de acuerdo con la información difundida sobre aquella contratación.
Las denuncias sobre la cantidad de empleados y el supuesto primer pago anticipado fueron rechazadas por el Gobierno provincial, por lo que forman parte de una controversia que presenta versiones contrapuestas.
Lo comprobable es que el contrato existió, que involucró una cifra millonaria, que la empresa prestó servicios para el sistema sanitario santacruceño y que el caso terminó trascendiendo las fronteras provinciales.
Ahora, nuevamente, Santa Cruz y una decisión adoptada durante la gestión de Claudio Vidal vuelven a ocupar un lugar en la agenda nacional.
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