Un juez federal ordenó impedir la inscripción de transferencias sobre dos parcelas ubicadas frente al glaciar Perito Moreno. La operación había sido autorizada por el Gobierno de Claudio Vidal para un proyecto turístico vinculado a capitales extranjeros. La medida es provisoria y todavía no resuelve la legalidad de la compraventa.
La polémica por la venta de tierras en la Península de Magallanes sumó un capítulo judicial que vuelve a poner bajo la lupa una de las decisiones más cuestionadas del Gobierno de Santa Cruz. La Justicia federal dispuso una medida preventiva que impide avanzar con la inscripción de la transferencia de dos terrenos ubicados dentro del área natural protegida, frente al glaciar Perito Moreno.
La resolución fue adoptada por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, quien ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz que no inscriba cambios de titularidad, cesiones ni nuevos derechos reales sobre las parcelas identificadas como G2 y G3.
Se trata de aproximadamente 21 hectáreas pertenecientes a Lacustre del Sud S.A., cuya transferencia a ASB Hospitality Calafate S.A.U. había recibido una autorización excepcional del Ejecutivo provincial mediante el Decreto 915/2026.
La empresa compradora está constituida en Argentina, pero vinculada societariamente con capitales de Emiratos Árabes Unidos, un aspecto que forma parte de los cuestionamientos planteados ante la Justicia.
Una decisión que pone límites a la operación
El alcance de la resolución es importante: mientras se define la continuidad del proceso judicial, los terrenos no podrán cambiar de titular en los registros inmobiliarios ni podrán inscribirse nuevos derechos sobre ellos.
Sin embargo, esto no significa que la compraventa haya sido anulada definitivamente. Tampoco implica que el decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal haya quedado sin efecto o que se haya ordenado detener materialmente el emprendimiento turístico.
La medida busca conservar la situación jurídica de las tierras para evitar que una eventual decisión judicial llegue cuando la transferencia ya se encuentre consolidada.
¿Por qué interviene la Corte Suprema?
Además de disponer la restricción registral, el juez Vázquez consideró que su juzgado no es competente para resolver el fondo del conflicto y ordenó remitir las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El magistrado entendió que el expediente involucra al Estado Nacional, a la Provincia de Santa Cruz y a las empresas directamente relacionadas con la operación inmobiliaria.
Por esa razón, sostuvo que corresponde al máximo tribunal determinar si debe intervenir directamente en el caso.
Mientras se resuelve esa cuestión, permanecerá vigente la medida que impide modificar la situación registral de las parcelas.
Una autorización provincial bajo cuestionamiento
El conflicto comenzó a tomar mayor dimensión pública luego de que el Gobierno santacruceño autorizara, de manera excepcional, una operación inmobiliaria dentro de la Península de Magallanes, un territorio de especial valor ambiental y turístico por su cercanía al glaciar Perito Moreno.
La decisión generó cuestionamientos sobre los límites a la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros, la protección de las áreas naturales y los procedimientos administrativos utilizados para habilitar la transferencia.
El amparo judicial fue impulsado por legisladores provinciales junto con el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS), quienes plantearon objeciones a la operación y a la derogación de la Ley Nacional de Tierras Rurales mediante el DNU 70/2023.
Desde el Gobierno provincial, en cambio, se ha defendido la legalidad del procedimiento y el carácter excepcional de la autorización otorgada.
El futuro de las tierras, todavía sin definición
La decisión judicial representa un obstáculo concreto para completar registralmente la operación, pero deja abiertas las principales preguntas sobre el futuro de los terrenos y del proyecto turístico.
La Corte Suprema deberá definir cómo continuará el expediente y qué tribunal tendrá a su cargo el análisis de los cuestionamientos presentados.
Lo que está en discusión excede una operación entre empresas privadas: también alcanza al papel del Estado en la protección de territorios de alto valor ambiental y a los controles que deben aplicarse cuando se pretende transferir tierras ubicadas en áreas naturales protegidas.
Por ahora, las parcelas de Península de Magallanes permanecerán bajo una restricción registral, mientras la controversia que involucra al Gobierno de Santa Cruz espera una definición judicial.
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