Estafas virtuales en Santa Cruz: una extorsión desde Los Antiguos llevó la investigación hasta una cárcel

Una mujer denunció amenazas para que transfiriera dinero a billeteras virtuales bajo la advertencia de difundir imágenes íntimas. La investigación se extendió por Los Antiguos, Pico Truncado y Caleta Olivia y terminó con allanamientos dentro de una unidad penitenciaria y en domicilios particulares.

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Las estafas y extorsiones a través de teléfonos celulares, redes sociales y billeteras virtuales vuelven a quedar en el centro de la preocupación en Santa Cruz.

Esta vez, una denuncia realizada por una mujer de Los Antiguos terminó desencadenando una investigación que atravesó distintas localidades de la zona norte provincial y llegó hasta el interior del Módulo Penitenciario N°2 de Pico Truncado.

La víctima manifestó que estaba siendo presionada para realizar transferencias de dinero a distintas cuentas virtuales. Según su denuncia, quienes enviaban los mensajes la amenazaban con divulgar imágenes íntimas si no cumplía con las exigencias económicas.

A partir de allí comenzó una investigación que fue siguiendo teléfonos, contactos, alias y movimientos vinculados con las transferencias.

La investigación llegó hasta una cárcel de Pico Truncado

Uno de los datos más relevantes surgió cuando los investigadores comenzaron a analizar el origen de las comunicaciones.

La hipótesis policial sostiene que parte de las maniobras podría haber sido organizada por personas privadas de su libertad alojadas en el Módulo Penitenciario N°2 de Pico Truncado.

Por disposición del Juzgado de Instrucción de Las Heras, a cargo del juez Eduardo Quelín, con intervención de la secretaria Elina Soledad Aguilera, se realizaron procedimientos simultáneos tanto dentro del establecimiento penitenciario como en viviendas particulares de Pico Truncado.

En el operativo participaron investigadores de Pico Truncado y Caleta Olivia, además de personal de Fuerzas Especiales, Infantería y efectivos de la Comisaría Primera.

Siete celulares, una tarjeta SIM y datos de billeteras virtuales

Los procedimientos permitieron secuestrar siete teléfonos celulares, una tarjeta SIM y distintas anotaciones que contenían correos electrónicos, números de teléfono y alias de cuentas virtuales.

También quedó en poder de los investigadores un libro de visitas del establecimiento penitenciario, elemento que podría resultar importante para reconstruir contactos entre internos y personas que se encontraban fuera de la unidad.

La Justicia deberá determinar ahora quién utilizaba cada dispositivo, de qué manera se realizaban las comunicaciones y qué recorrido tuvo el dinero transferido.

También fue secuestrado un motovehículo cuya propiedad no pudo ser acreditada durante los procedimientos.

Tres personas permanecían detenidas

De acuerdo con las primeras informaciones vinculadas a los allanamientos, cuatro personas mayores de edad quedaron relacionadas con las actuaciones y tres permanecían detenidas.

La situación procesal de cada una deberá ser definida a medida que avance la investigación y se conozca el resultado de las pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestrados.

Uno de los principales objetivos será determinar si la mujer de Los Antiguos fue la única víctima o si el mismo mecanismo pudo haber sido utilizado contra otras personas.

Una modalidad que preocupa cada vez más

El caso vuelve a exponer los riesgos de las extorsiones digitales, donde los delincuentes pueden utilizar información personal, fotografías privadas, perfiles falsos y medios de pago electrónicos para exigir dinero.

Las billeteras virtuales y los teléfonos celulares dejan registros que ahora serán analizados para intentar identificar titulares, movimientos de dinero y conexiones entre las personas investigadas.

La causa también deja planteado otro interrogante: cómo podrían haberse desarrollado este tipo de maniobras desde el interior de un establecimiento penitenciario y qué vínculos externos habrían sido necesarios para recibir o mover los fondos.

Por el momento, la investigación continúa y será la Justicia la que deberá establecer responsabilidades, determinar la cantidad de involucrados y comprobar si existieron más víctimas bajo la misma modalidad.

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