Paula Ludueña aseguró que ni ella ni Reneé Fernández y Alicia Mercau renunciaron a sus cargos y cuestionó la decisión de la Caja de Previsión Social. El organismo otorgó 27 jubilaciones bajo el Decreto 608. La medida reavivó una fuerte disputa política e institucional alrededor del máximo tribunal provincial.
Una fuerte controversia sacude por estas horas al Poder Judicial de Santa Cruz luego de que la Caja de Previsión Social otorgara la jubilación a tres integrantes del Tribunal Superior de Justicia: Paula Ludueña, Reneé Fernández y Alicia de los Ángeles Mercau.
La decisión fue adoptada durante una reunión extraordinaria del Directorio de la Caja de Previsión Social, donde fueron aprobados 27 beneficios jubilatorios alcanzados por el Decreto Provincial 608/24. Dentro de ese grupo aparecen trabajadores de diferentes organismos provinciales y varios integrantes del Poder Judicial.
Pero lo que inicialmente podía presentarse como un procedimiento previsional tomó otra dimensión cuando Paula Ludueña decidió romper el silencio.
La magistrada afirmó públicamente que ninguna de las tres vocales presentó su renuncia al Tribunal Superior y sostuvo que solamente habían iniciado sus respectivos trámites jubilatorios.
“Gracias a todos por los mensajes, pero NO, ninguna de las tres renunció, solo iniciamos los trámites. Es una jubilación compulsiva”, expresó Ludueña a través de sus redes sociales.
La vocal además vinculó lo sucedido con los anteriores intentos de juicio político contra integrantes del máximo tribunal provincial, al señalar que luego de esos procesos fallidos se llegó a esta instancia.
Dos versiones enfrentadas
La situación presenta, hasta el momento, dos interpretaciones claramente diferentes.
Por un lado, Ludueña asegura que iniciar un expediente jubilatorio no significaba presentar una renuncia inmediata ni abandonar automáticamente su cargo.
En una posición similar se encuentra Cristian Sánchez, representante de los trabajadores activos dentro del Directorio de la Caja de Previsión Social, quien cuestionó duramente la aplicación del Decreto 608.
Sánchez explicó que la legislación previsional provincial contempla determinadas posibilidades para que una persona continúe prestando funciones aun cuando ya reúna las condiciones jubilatorias. Según su interpretación, el decreto impulsado por el Poder Ejecutivo acortó esos tiempos y habilitó un mecanismo que puede terminar acelerando el retiro de trabajadores activos.
Desde la Caja de Previsión Social, sin embargo, sostienen una posición distinta.
Fuentes del organismo señalaron que las personas alcanzadas habían iniciado voluntariamente sus expedientes jubilatorios y habían presentado la documentación correspondiente, incluso formularios con carácter de declaración jurada.
Desde esa postura remarcaron que no se trató de jubilaciones iniciadas de oficio por el Estado, sino de beneficios solicitados previamente por los propios interesados.
¿Qué establece el polémico Decreto 608?
El Decreto Provincial 608 fue firmado por el gobernador Claudio Vidal en junio de 2024 y modificó el procedimiento administrativo vinculado con trabajadores que ya reúnen los requisitos para jubilarse.
Uno de los principales puntos cuestionados es el plazo existente entre el otorgamiento del beneficio y el cese definitivo de las funciones.
La discusión gira alrededor de la Ley Provincial 1782 y del alcance que puede tener un decreto reglamentario sobre los derechos establecidos por esa legislación.
Según el análisis realizado durante el conflicto judicial, la ley contempla un plazo de hasta dos años en determinadas circunstancias, mientras que el Decreto 608 establece que, una vez concedido el beneficio y notificado el empleador, existe un plazo ordinario de 30 días para comunicar el cese.
También se contempla, ante situaciones excepcionales solicitadas por el organismo empleador, una extensión que puede alcanzar los 180 días.
Esta diferencia fue precisamente una de las razones por las que el decreto terminó judicializado.
Una cautelar había frenado el decreto
La polémica tiene antecedentes que comenzaron hace casi dos años.
En julio de 2024, Cristian Sánchez acudió a la Justicia cuestionando la constitucionalidad del Decreto 608 y argumentando que una norma del Poder Ejecutivo no podía modificar los alcances establecidos por una ley provincial.
El 18 de octubre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia hizo lugar a una medida cautelar y ordenó suspender la aplicación del decreto mientras continuara el expediente judicial.
Durante un largo período la norma quedó paralizada.
Pero el escenario cambió posteriormente.
En agosto de 2025 entró en vigencia la Ley Provincial 3947, que estableció límites temporales para las medidas cautelares dictadas contra el Estado provincial.
La Fiscalía de Estado pidió entonces que aquella cautelar fuera adaptada a la nueva legislación.
El Tribunal quedó dividido
La discusión llegó nuevamente al Tribunal Superior y provocó una división entre sus integrantes.
Paula Ludueña, Alicia Mercau, Fernando Basanta y Carlos Enrique Arenillas votaron por rechazar el pedido de Fiscalía de Estado y sostener la cautelar.
Del otro lado, Daniel Mariani, Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Lucio de la Vega y Gabriel Contreras conformaron la mayoría que consideró que debía aplicarse el nuevo régimen.
Finalmente, el 3 de julio de 2026 el Tribunal decidió limitar la vigencia de aquella cautelar a 15 días hábiles desde la notificación.
Una vez finalizado ese plazo, la Caja de Previsión Social quedó nuevamente habilitada para aplicar el Decreto 608.
27 jubilaciones y una reunión extraordinaria
El viernes 14 de agosto, el Directorio de la Caja realizó una reunión extraordinaria donde avanzó con los primeros 27 expedientes alcanzados por la normativa.
La decisión fue aprobada con los votos del presidente de la Caja, Pablo Pérez, y los representantes Harold Bark y Paola Carrillo.
Cristian Sánchez, representante de los trabajadores activos, y Viviana Carabajal, representante de los pasivos, expresaron su desacuerdo y se retiraron de la reunión.
Entre esas jubilaciones aparecen las de Ludueña, Fernández y Mercau.
El dato político: un día antes habían rechazado otro juicio político
La fecha en que ocurrió todo agrega todavía más tensión política.
El jueves 13 de agosto, apenas un día antes de que la Caja aprobara las jubilaciones, la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados rechazó un pedido de juicio político contra Reneé Fernández, Alicia Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta.
La votación terminó con nueve votos negativos, dos positivos y una abstención.
Al día siguiente fueron aprobadas las jubilaciones de tres de esas cuatro autoridades judiciales.
Este encadenamiento de acontecimientos es utilizado por quienes cuestionan la medida para plantear posibles motivaciones políticas detrás de la decisión.
Cristian Sánchez fue todavía más lejos y afirmó públicamente que, a su entender, existe una “intencionalidad política” dirigida contra integrantes del Tribunal Superior.
Por el momento, esa afirmación constituye la interpretación y denuncia política del vocal de la Caja y no un hecho judicialmente acreditado.
¿Qué puede pasar ahora con el Tribunal Superior?
La controversia no termina con la aprobación administrativa de las jubilaciones.
Según informó la propia Caja, una vez otorgado el beneficio se comunica la situación tanto al interesado como al empleador.
En términos generales existe un plazo de 30 días para formalizar el cese. En casos considerados extraordinarios, el empleador puede solicitar que la persona continúe prestando funciones por un período adicional de hasta 180 días hábiles.
Por eso todavía deberá observarse cómo procederá formalmente el Poder Judicial respecto de las tres magistradas.
El tema además puede abrir una nueva instancia judicial, ya que Cristian Sánchez anticipó que analizará junto a su abogado nuevas presentaciones contra la aplicación del Decreto 608.
La eventual salida efectiva de las tres vocales también tendría consecuencias directas en la integración del máximo tribunal santacruceño.
El Tribunal Superior había sido ampliado recientemente de cinco a nueve integrantes. Si las tres jubilaciones terminan provocando las vacantes, su composición volvería a reducirse y se abriría un nuevo capítulo institucional alrededor de quiénes ocuparán esos lugares.
Lo que comenzó como un procedimiento previsional terminó así convertido en una nueva disputa institucional de alto impacto en Santa Cruz, con la Caja defendiendo la legalidad del procedimiento y una de las principales integrantes del Tribunal Superior denunciando públicamente que se encuentra frente a una jubilación que considera compulsiva.
CONTENIDO INSTITUCIONAL
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