El Gobierno de Santa Cruz volvió a poner bajo la lupa las cuentas municipales y aseguró que cumple con el envío de los recursos. Sin embargo, el debate tiene otra cara: El Calafate presentó sus propios números y sostiene que las acreencias que mantiene con la Provincia son diez veces superiores a las obligaciones que le reclaman. El Municipio pide que se contabilicen las deudas de ambos lados y propone una compensación integral.
La tensión entre el Gobierno de Santa Cruz y distintos municipios volvió a quedar expuesta este jueves, luego de que funcionarios provinciales salieran públicamente a defender la política de distribución de recursos y cuestionaran la administración financiera de algunas comunas.
Una de las declaraciones más fuertes llegó por parte de la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, quien, en medio del enfrentamiento con el Municipio de Río Gallegos, sostuvo que la Provincia cumple con los recursos correspondientes y lanzó una dura acusación contra la administración municipal: “La plata está, pero la usan para otra cosa”.
El planteo provincial busca instalar el debate sobre qué hacen los municipios con los recursos que reciben y sobre las obligaciones pendientes con organismos provinciales.
Sin embargo, cuando se amplía la discusión y se observan las cuentas entre Provincia y municipios, aparece una pregunta inevitable: ¿quién le debe realmente a quién?
EL CALAFATE PUSO SUS PROPIOS NÚMEROS SOBRE LA MESA
El caso de El Calafate resulta especialmente significativo.
Días atrás, representantes del Municipio mantuvieron una reunión con el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, y la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, para analizar la situación financiera entre ambas jurisdicciones.
Provincia confirmó oficialmente que durante ese encuentro planteó inquietudes sobre las cuentas municipales y propuso avanzar en un convenio de regularización con la Caja de Servicios Sociales.
Pero el Municipio también llegó a esa mesa con reclamos propios.
Según la información presentada por representantes de El Calafate, las acreencias que el Municipio reclama a la Provincia serían diez veces superiores a las obligaciones que el Gobierno provincial pretende cobrarle a la comuna.
La diferencia cambia considerablemente la lectura del conflicto.
OBRAS QUE PAGÓ EL MUNICIPIO Y BENEFICIAN A EMPRESAS PROVINCIALES
Una parte importante del reclamo de El Calafate corresponde a inversiones realizadas durante años con recursos municipales para desarrollar infraestructura básica en una ciudad que tuvo un enorme crecimiento.
Entre ellas aparecen redes de electricidad, gas, agua y cloacas.
Son obras ejecutadas o financiadas por el Municipio que posteriormente son utilizadas por empresas provinciales como Servicios Públicos Sociedad del Estado y Distrigas, pero cuyos costos, según sostiene la comuna, no habrían sido compensados.
A eso se suman reclamos vinculados con habilitaciones comerciales, utilización del espacio aéreo, redes de servicios y otras obligaciones que permanecerían pendientes.
También se planteó la necesidad de regularizar más de 30 terrenos ocupados actualmente por empresas provinciales, donde existirían cuestiones dominiales, deudas o documentación de obras todavía sin resolver.
SI PROVINCIA EXIGE QUE LOS MUNICIPIOS PAGUEN, ¿QUIÉN CONTABILIZA LO QUE PROVINCIA LES DEBE?
Ese es uno de los puntos centrales que deja abierta la discusión.
El Gobierno provincial reclama el cumplimiento de las obligaciones municipales y exige transparencia sobre el destino de los recursos públicos. Pero los municipios también tienen derecho a exigir exactamente lo mismo respecto de las obligaciones que mantiene el Estado provincial.
En el caso de El Calafate, la posición municipal es clara: no puede analizarse únicamente cuánto debe la Municipalidad sin contabilizar, al mismo tiempo, cuánto le debe la Provincia a la ciudad.
Por eso la propuesta realizada desde la localidad turística apunta a una compensación de acreencias mutuas.
Es decir, sentarse con toda la documentación sobre la mesa, determinar las obligaciones de cada jurisdicción y compensarlas para establecer finalmente cuál es el saldo real.
UNA DISCUSIÓN QUE YA SUPERA A EL CALAFATE
El conflicto financiero atraviesa a varios municipios santacruceños y se convirtió además en una fuerte disputa política.
Mientras Provincia sostiene que cumple con las transferencias de coparticipación y reclama responsabilidad en la administración de los recursos, desde distintos sectores municipales advierten sobre las dificultades financieras que atraviesan las comunas y cuestionan que se analicen solamente sus deudas sin incorporar las acreencias que mantienen frente al propio Estado provincial.
En El Calafate, al menos, los números presentados por el Municipio plantean una contradicción difícil de ignorar: mientras Provincia reclama obligaciones pendientes, la comuna asegura que del otro lado existe una deuda diez veces superior.
La discusión, entonces, ya no debería reducirse únicamente a señalar qué municipio debe.
También debería responder una pregunta mucho más incómoda:
¿cuánto les debe la Provincia a los municipios de Santa Cruz?
CONTENIDO INSTITUCIONAL
PUBLICIDAD
