La causa se desprende de una presentación realizada por el comisario general Diego Agüero luego del histórico conflicto salarial que alcanzó a gran parte de la fuerza en Santa Cruz. La investigación recién comienza y, hasta el momento, no hay policías declarados responsables penalmente.
EL CALAFATE | POLICIALES
El conflicto salarial que durante junio y julio tuvo como protagonistas a miles de efectivos de la Policía de Santa Cruz suma ahora un nuevo capítulo, esta vez en el ámbito judicial.
La Justicia comenzó a investigar penalmente a efectivos de El Calafate que participaron del denominado “quite de colaboración”. La causa tiene su origen en una denuncia presentada por el propio jefe de la Policía de Santa Cruz, comisario general Diego Agüero, contra integrantes de la fuerza provincial.
La fiscal de Instrucción de El Calafate, Natalia Mercado, formuló un requerimiento de instrucción por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, contemplado en el artículo 249 del Código Penal.
A partir de esta instancia, será el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de El Calafate, a cargo del Dr. Carlos Albarracín, el encargado de avanzar con las primeras medidas destinadas a determinar qué ocurrió durante aquellos días.
UNA DENUNCIA QUE SURGE DEL CONFLICTO SALARIAL
Para comprender el origen de la causa también resulta necesario recordar el contexto en el que se produjeron los hechos.
Durante el conflicto salarial iniciado en junio, policías activos y retirados protagonizaron uno de los reclamos internos más importantes de los últimos años en Santa Cruz.
De acuerdo con estimaciones difundidas durante aquellos días por referentes del reclamo, la adhesión llegó a rondar el 90% en distintos puntos de la provincia, dentro de una fuerza compuesta por miles de efectivos. En localidades como El Calafate la medida tuvo una adhesión particularmente elevada.
Los policías reclamaban principalmente una recomposición salarial incorporada al básico, mediante modificaciones al valor punto y los puntos correspondientes a cada jerarquía, cuestionando las propuestas que contemplaban importantes componentes no remunerativos.
En ese escenario, mientras una parte ampliamente mayoritaria del personal sostenía el reclamo salarial, la conducción de la Policía provincial ordenó normalizar los servicios y posteriormente la propia Jefatura avanzó con una denuncia penal contra efectivos que continuaron con la medida.
La presentación fue realizada por el jefe de Policía, Diego Agüero, y es precisamente esa denuncia la que ahora dio origen a las actuaciones que comenzaron a tramitarse en la Justicia de El Calafate.
QUÉ BUSCARÁ DETERMINAR LA JUSTICIA
Las primeras declaraciones testimoniales están previstas a partir del 25 de agosto.
Según la información conocida, serán convocados responsables del Comando de Patrullas, Comisarías Primera y Segunda, Dirección General Regional Sudoeste y dependencias de Bomberos de El Calafate y El Chaltén.
El objetivo será reconstruir cómo se desarrolló el quite de colaboración, qué personal participó, cuáles fueron las consecuencias sobre el funcionamiento de las dependencias y si existieron conductas individuales que puedan encuadrarse dentro de algún delito.
Entre la documentación que eventualmente podría ser requerida también aparecen los sumarios administrativos iniciados contra efectivos que no habrían acatado la orden de normalizar el servicio.
Recién después de reunir esos elementos podrían producirse eventuales declaraciones indagatorias de aquellos efectivos cuya conducta resulte de interés para la investigación.
LA FUGA DE UN DETENIDO TAMBIÉN SERÁ ANALIZADA
Dentro de los antecedentes incorporados aparece la evasión de Nicolás Adrián Núñez, ocurrida en la Comisaría Segunda de El Calafate durante el conflicto.
Según las actuaciones conocidas, en aquel momento la guardia se encontraba cubierta por dos efectivos y la Justicia buscará determinar si la reducción del personal tuvo algún tipo de incidencia en lo sucedido.
Sin embargo, existe una diferencia que resulta fundamental remarcar: la denuncia no acusa a los policías de haber facilitado la fuga del detenido.
Lo que se pretende investigar es si las condiciones operativas existentes durante el conflicto pudieron guardar alguna relación con el episodio.
NO HAY POLICÍAS DECLARADOS RESPONSABLES PENALMENTE
Este es uno de los puntos centrales que debe quedar claro frente a la trascendencia que tomó la noticia.
La causa se encuentra en una etapa preliminar y hasta el momento no existe ninguna declaración judicial de responsabilidad penal contra los efectivos alcanzados por la investigación.
La apertura de una investigación tampoco significa, por sí misma, que los policías denunciados hayan cometido un delito.
Ahora será la Justicia la que deberá reunir pruebas, escuchar testimonios e individualizar las conductas, determinando qué hizo o dejó de hacer cada efectivo y si esas acciones efectivamente pueden configurar un ilícito penal.
Será también dentro del expediente judicial donde deberán analizarse las circunstancias excepcionales en las que se desarrollaron los hechos: un conflicto salarial de alcance provincial, con una adhesión extraordinariamente elevada y con policías que reclamaban una recomposición de sus salarios.
DEL RECLAMO SALARIAL A LOS TRIBUNALES
Lo concreto es que el conflicto policial que comenzó como un reclamo salarial y posteriormente atravesó instancias administrativas y disciplinarias ahora también llegó al ámbito penal.
Y existe un dato institucional imposible de separar de esta nueva etapa: la investigación que hoy alcanza a policías de El Calafate se originó en una denuncia realizada por el propio jefe de la Policía de Santa Cruz, comisario general Diego Agüero, contra integrantes de la fuerza que conduce.
A partir de ahora será exclusivamente la Justicia, y no las interpretaciones públicas sobre el conflicto, la que deberá determinar si existieron responsabilidades individuales.
Mientras tanto, debe prevalecer un principio elemental: una investigación en curso no equivale a una condena y ninguna persona puede ser considerada culpable mientras no exista una resolución judicial que así lo determine.
CONTENIDO INSTITUCIONAL
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