Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti fueron blanco de una manifestación frente al hotel donde se alojaban en San Martín de los Andes. La protesta se produjo después de que la Corte dejara sin efecto el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
Una fuerte protesta se desarrolló en pleno centro de San Martín de los Andes frente al hotel donde se encontraban alojados los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La manifestación estuvo vinculada directamente con el reciente fallo del máximo tribunal sobre la Ley de Tierras Rurales, una decisión que volvió a colocar en el centro del debate las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Los magistrados se encontraban en la localidad neuquina participando de un congreso judicial cuando organizaciones sindicales, políticas y vecinos se concentraron en las inmediaciones del establecimiento.
Una protesta en pleno centro de San Martín de los Andes
La concentración comenzó durante la tarde sobre calle Roca, frente a la iglesia y cerca del edificio municipal.
Participaron integrantes de ATE, ATEN, Patria Grande, el Partido Obrero y otras organizaciones, además de vecinos de la localidad.
La movilización provocó interrupciones en la circulación y motivó un importante operativo de seguridad con presencia policial y de Gendarmería Nacional.
De acuerdo con dirigentes sindicales que participaron de la convocatoria, la protesta se desarrolló sin incidentes.
El fallo que encendió la polémica
La protesta ocurrió después de una decisión de la Corte Suprema relacionada con la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
La normativa establecía límites a la propiedad y adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, pero fue derogada por el artículo 154 del DNU 70/2023 impulsado por el Gobierno nacional.
Posteriormente, la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional ese artículo y frenado sus efectos.
Ahora, la Corte Suprema revocó aquella sentencia.
Qué resolvió realmente la Corte
El punto central del fallo tiene una particularidad importante.
La Corte no resolvió sobre el fondo si la derogación de la Ley de Tierras es constitucional o inconstitucional.
Los jueces consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, organización que había iniciado la demanda, no tenía legitimación suficiente para impulsar esa acción judicial y que no estaba configurado un caso o controversia en los términos exigidos constitucionalmente.
La resolución fue firmada por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti.
Al revocarse la sentencia anterior, quedó nuevamente operativa la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023.
ATE cuestionó duramente la decisión
Desde ATE Nacional expresaron un fuerte rechazo al fallo.
Su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó públicamente a los integrantes de la Corte y sostuvo que la decisión favorece intereses económicos vinculados a la adquisición de grandes extensiones de tierras.
Las expresiones forman parte de la posición del sector sindical y fueron uno de los principales argumentos de la movilización realizada en San Martín de los Andes.
Un debate que también atraviesa a la Patagonia
La discusión adquiere especial relevancia para las provincias patagónicas, donde existen grandes extensiones rurales y desde hace años se debate sobre propiedad extranjera, inversiones, recursos naturales y soberanía territorial.
La antigua Ley de Tierras establecía, entre otras disposiciones, un límite general del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales.
Con la derogación dispuesta por el DNU 70/2023 y el reciente fallo de la Corte que dejó sin efecto la sentencia que la había frenado, esas restricciones nacionales ya no se encuentran vigentes.
La decisión abrió nuevamente un debate político y judicial que probablemente continuará: por un lado, quienes defienden la eliminación de restricciones para facilitar inversiones y operaciones privadas; por otro, organizaciones políticas, sindicales y sociales que reclaman límites para preservar el control nacional sobre grandes extensiones del territorio.
La protesta en San Martín de los Andes fue una de las primeras expresiones públicas de ese rechazo después de conocerse la decisión del máximo tribunal.
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