La excepción autorizada por el gobernador Claudio Vidal para permitir la transferencia de tierras a una sociedad vinculada a capitales de Dubái generó una fuerte reacción en la localidad. Prestadores turísticos, empresarios, comerciantes, trabajadores y vecinos comenzaron a expresar cuestionamientos y reclaman información y participación. El eje de la discusión ya no pasa solamente por la política: también alcanza la protección del territorio, el ambiente y el futuro turístico de El Calafate.
La decisión del Gobierno de Santa Cruz de habilitar, de manera excepcional, la transferencia de una parcela ubicada en la Península de Magallanes continúa generando repercusiones y abrió un debate que ya excede ampliamente las diferencias entre oficialismo y oposición.
Desde que tomó estado público el Decreto 915/2026, firmado por el gobernador Claudio Vidal, comenzaron a conocerse cuestionamientos desde distintos sectores vinculados con El Calafate y particularmente con su principal actividad económica: el turismo.
Prestadores, empresarios y referentes locales expresaron públicamente sus dudas, mientras el tema también generó numerosas reacciones de vecinos en redes sociales y espacios de discusión pública.
Un debate que ya no pasa solamente por la política
El punto central comienza a correrse de cualquier enfrentamiento partidario.
La discusión que se instaló en El Calafate gira alrededor de preguntas concretas: qué se pretende construir, qué superficie será intervenida, cuál será el impacto ambiental, qué utilización se hará de los recursos naturales, qué beneficios tendrá para la comunidad y por qué fue necesario otorgar una excepción para concretar la operación.
El Decreto 915/2026 exceptuó “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” una restricción vigente para permitir que Lacustre del Sud S.A. transfiera la Fracción G, Matrícula 186, a ASB Hospitality Calafate SAU. La sociedad argentina tiene como accionista a ASB Hospitality LLC, constituida en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La operación está relacionada con un proyecto turístico denominado “Master Plan Ecocentro”.
El sector turístico también levantó la voz
Uno de los datos más relevantes de las últimas horas fue el pronunciamiento de ACATEC, entidad vinculada al sector de alojamientos turísticos de El Calafate.
Su posición dejó en claro que el cuestionamiento no implica necesariamente estar en contra de la llegada de inversiones privadas.
La preocupación pasa por cómo, dónde y bajo qué condiciones se realizará una inversión de estas características dentro de un territorio ambientalmente sensible.
ACATEC sostuvo públicamente que “la Península de Magallanes no es un terreno baldío”, sino un territorio estratégico y parte del patrimonio natural sobre el cual se sostiene buena parte de la actividad turística local.
Su presidente, Pablo Perret, también manifestó preocupación porque el proyecto se encuentre dentro de una reserva provincial y reclamó información sobre sus características.
El Calafate quiere ser parte de la discusión
Ese reclamo se repite en diferentes sectores: una decisión de semejante importancia para el futuro turístico y ambiental de la zona debería contar con información pública suficiente y participación de la comunidad local.
Porque la Península de Magallanes no representa únicamente una extensión de tierra.
Está vinculada directamente con el entorno del Glaciar Perito Moreno y con un modelo turístico que durante décadas convirtió al paisaje y a la conservación ambiental en los principales activos económicos de El Calafate.
De esa actividad viven hoteles, alojamientos, transportistas, agencias de viajes, guías, restaurantes, comercios y miles de trabajadores directa o indirectamente relacionados con el turismo.
Por eso, el interrogante que aparece detrás de la controversia es mucho más profundo que una disputa entre partidos políticos: ¿qué modelo de desarrollo quiere El Calafate para las próximas décadas y qué participación tendrán sus habitantes en esas decisiones?
Hasta la Legislatura pidió explicaciones
La magnitud que tomó el tema quedó reflejada también en la Cámara de Diputados de Santa Cruz.
Los 18 legisladores presentes aprobaron por unanimidad un requerimiento para acceder al expediente completo y a los antecedentes vinculados con el Decreto 915/2026.
El diputado por El Calafate Carlos Alegría reconoció haber recibido consultas provenientes de diferentes sectores de la localidad y resumió la situación con una definición concreta:
“Tenemos más preguntas que respuestas”.
También aclaró que el planteo no significa oponerse a la inversión privada, sino reclamar reglas claras e información respecto de una operación que involucra un territorio particularmente sensible.
Desarrollo e inversión, pero con reglas claras
El propio decreto provincial establece que el proyecto cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental y que deberá cumplir con la normativa ambiental, territorial y de conservación correspondiente.
Pero conocer precisamente esos estudios, los planos, las dimensiones definitivas del emprendimiento, su utilización del agua, tratamiento de efluentes, generación de residuos, infraestructura necesaria y superficie de intervención forma parte de la información que diferentes sectores reclaman que sea pública.
El debate, entonces, excede las diferencias políticas.
No se trata solamente de Vidal, del oficialismo o de la oposición.
Se discute sobre territorio, conservación, inversión, turismo y sobre la participación que debería tener una comunidad cuando se toman decisiones capaces de producir cambios de largo plazo en uno de sus espacios naturales más importantes.
El Calafate construyó buena parte de su economía alrededor de un patrimonio natural reconocido internacionalmente. La discusión que se abrió ahora es cómo compatibilizar nuevas inversiones con la protección de ese patrimonio.
Y allí aparece un reclamo que comienza a atravesar distintos sectores de la localidad: inversiones sí, pero con información completa, transparencia, controles ambientales, reglas claras y participación de El Calafate en las decisiones que afectan directamente a su territorio.
CONTENIDO INSTITUCIONAL
PUBLICIDAD
