El exdiputado por El Calafate y exguardaparque cuestionó con dureza la excepción autorizada por el Gobierno provincial para una operación inmobiliaria vinculada a un proyecto turístico en la Península de Magallanes. Reclamó suspender el avance, publicar el expediente completo y abrir el debate a la comunidad.
El Dr. Oscar Alfredo Bellini realizó un extenso pronunciamiento público dirigido al gobernador Claudio Vidal por la decisión del Gobierno de Santa Cruz de habilitar excepcionalmente una operación de compraventa de tierras en la Península de Magallanes, uno de los sectores naturales más sensibles y emblemáticos de la zona de El Calafate.
La intervención de Bellini tiene un antecedente particular: fue guardaparque del Parque Nacional Los Glaciares, posteriormente diputado provincial por El Calafate y participó en discusiones legislativas vinculadas con la protección de la Península. En su publicación aseguró que lleva más de 50 años defendiendo ese territorio.
Su cuestionamiento surge después de conocerse oficialmente el Decreto Provincial 915/2026, mediante el cual el Ejecutivo exceptuó “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” una restricción vigente para permitir la venta de un inmueble de Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate SAU, para el desarrollo del denominado “Master Plan Ecocentro” en la Fracción G, Matrícula 186, en la región de Península de Magallanes.
“Vidal no descubrió nada”
Bellini eligió una frase contundente para encabezar su publicación:
“Vidal no descubrió nada: está poniendo en riesgo una protección que costó más de sesenta años de lucha”.
Según planteó el exlegislador, desde la década de 1960 existieron intereses nacionales y extranjeros para desarrollar emprendimientos turísticos e inmobiliarios frente al glaciar Perito Moreno.
Para Bellini, la discusión no pasa por desconocer las posibilidades económicas de la zona, sino por recordar que las restricciones y niveles de protección actuales son el resultado de décadas de debates sobre hasta dónde debía permitirse el desarrollo dentro de la Península. Ese recorrido histórico y su participación en etapas de la discusión sobre la protección del área también fueron documentados por medios locales.
Exige conocer el proyecto completo
Uno de los principales reclamos de Bellini apunta a que se conozcan públicamente todos los detalles del emprendimiento.
El exdiputado planteó interrogantes sobre la ubicación exacta, las obras previstas, los caminos, el abastecimiento de agua, el tratamiento de residuos, la superficie que será intervenida y la categoría de conservación de los bosques involucrados.
Además, pidió que se hagan públicos el expediente, los planos y los estudios ambientales.
El decreto publicado oficialmente señala que el proyecto ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada y establece que su ejecución deberá cumplir con la normativa ambiental, territorial y de conservación vigente, además de las restricciones y medidas que determinen las autoridades provinciales.
Bellini también puso el foco en los puestos de trabajo
Otro de los ejes de su descargo fue la generación de empleo asociada a las inversiones turísticas.
Bellini sostuvo que anunciar cientos de puestos laborales no debería cerrar la discusión sobre el proyecto, sino ampliar las preguntas sobre el impacto que una estructura turística de esa magnitud podría generar.
En ese sentido, planteó que trabajadores, huéspedes, proveedores y vehículos implicarían circulación y actividad permanente, y sostuvo que cualquier análisis económico debería contemplar también el valor del paisaje como uno de los principales recursos sobre los que se desarrolló el turismo de El Calafate.
“¿Cuántos empleos existentes se ponen en riesgo si comenzamos a degradar aquello por lo que los visitantes vienen?”, preguntó.
La referencia a unos 300 empleos proviene de anuncios públicos de Vidal sobre una inversión turística extranjera; sin embargo, las publicaciones locales que analizaron el caso advierten que el gobernador no identificó formalmente aquel anuncio con este proyecto específico.
“La península no es un negocio de pocos”
Bellini también vinculó su planteo con el valor patrimonial del área y sostuvo que el desarrollo económico no debería realizarse a costa de la conservación del entorno.
En su publicación afirmó que la Península de Magallanes y el entorno del glaciar Perito Moreno constituyen un patrimonio de enorme valor para Santa Cruz y reclamó que las decisiones sobre su futuro no queden reducidas únicamente a una operación privada.
Su posición quedó sintetizada en otra de las expresiones centrales de su descargo: “La península no es un negocio de pocos”.
Preguntó si la disputa política con El Calafate tuvo alguna incidencia
Bellini incorporó además un cuestionamiento estrictamente político. Mencionó públicamente las diferencias entre el gobernador Vidal y el intendente de El Calafate y preguntó si ese enfrentamiento tuvo alguna influencia en la decisión.
Se trata de un interrogante formulado por Bellini: hasta el momento no presentó elementos que demuestren una relación entre esa disputa política y la autorización de la operación.
El exdiputado también cuestionó que se habilite una excepción para un emprendimiento vinculado a capital extranjero y reclamó conocer cuánto del eventual beneficio económico quedaría efectivamente en Santa Cruz.
Le pidió directamente a Vidal que retire la excepción
Sobre el final de su pronunciamiento, Bellini realizó un pedido concreto al gobernador: suspender cualquier avance de la operación.
También reclamó publicar íntegramente el expediente correspondiente al Decreto 915/26, identificar claramente la parcela, presentar el proyecto completo y hacer públicos los estudios y permisos ambientales.
A su vez, pidió que se abra una instancia de discusión en El Calafate, con participación de legisladores y organismos de control antes de que el emprendimiento avance.
“Todavía puede retirar esta excepción”, sostuvo Bellini.
El planteo vuelve a colocar en el centro del debate una discusión histórica para El Calafate: cómo compatibilizar nuevas inversiones turísticas con la conservación de la Península de Magallanes y del entorno natural que rodea uno de los principales atractivos turísticos de Santa Cruz.
Por ahora, lo que consta oficialmente es que el Gobierno provincial habilitó mediante el Decreto 915/26 una excepción específica para la operación y que estableció que el proyecto deberá someterse al cumplimiento de las normas ambientales, territoriales y de conservación correspondientes
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