El Decreto 915/2026 exceptuó “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” una restricción provincial para permitir la transferencia de una parcela de la Península de Magallanes. La compradora es ASB Hospitality Calafate SAU, constituida en julio y controlada por una sociedad de Emiratos Árabes Unidos. Allí se proyecta desarrollar un complejo turístico denominado “Master Plan Ecocentro”.
Una decisión del Gobierno de Santa Cruz abrió un fuerte debate en El Calafate por el futuro de uno de los territorios ambiental y turísticamente más sensibles de la provincia: la Península de Magallanes, frente al área del Glaciar Perito Moreno.
El gobernador Claudio Vidal firmó el Decreto Provincial N° 915/2026, fechado el 1° de septiembre y publicado posteriormente en el Boletín Oficial, mediante el cual autorizó una excepción para posibilitar una operación inmobiliaria que estaba alcanzada por restricciones provinciales.
Concretamente, la medida permite que Lacustre del Sud S.A. venda un inmueble a ASB Hospitality Calafate SAU, con el objetivo declarado de desarrollar allí el proyecto turístico denominado “Master Plan Ecocentro”.
¿Por qué fue necesaria una excepción?
Este es uno de los puntos centrales de la discusión.
La parcela se encuentra en la región de Península de Magallanes, un Área Natural Protegida provincial. El Decreto 994/2017 estableció restricciones para operaciones de este tipo cuando intervienen compradores extranjeros dentro de áreas protegidas.
Por esa razón, para que la operación pudiera avanzar fue necesaria una decisión expresa del Poder Ejecutivo.
El Decreto 915/2026 establece que la excepción se concede “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” y aclara que no podrá invocarse como antecedente o precedente para futuras operaciones similares.
¿Quién está detrás de la empresa compradora?
Otro dato relevante aparece al revisar la constitución de la sociedad.
ASB Hospitality Calafate S.A.U. fue constituida el 27 de julio de 2026, apenas semanas antes del decreto provincial.
Su único accionista es ASB Hospitality LLC, una sociedad extranjera constituida en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, según consta en la publicación societaria correspondiente.
La compañía está vinculada al grupo Albwardy Investment, conglomerado de Emiratos Árabes con inversiones internacionales y presencia en el negocio hotelero. Medios locales vinculan al grupo con propiedades operadas bajo marcas internacionales como Four Seasons, Hyatt y Meliá.
¿Qué quieren construir?
La transferencia está directamente vinculada al “Master Plan Ecocentro”, previsto para la Fracción G, Matrícula 186, del Departamento Lago Argentino.
Información publicada previamente sobre el proyecto daba cuenta de un emprendimiento turístico con más de 20 unidades de alojamiento, orientado a un segmento de turismo de alta gama.
El proyecto ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada, aunque esto no significa que tenga vía libre para cualquier intervención.
El propio decreto establece que su ejecución, puesta en funcionamiento y operación deberán cumplir las leyes ambientales y de conservación vigentes, el Plan de Manejo de Península de Magallanes y las condiciones que imponga el Consejo Agrario Provincial.
La discusión no es solamente económica
La decisión aparece en un momento particular.
Mientras el Ejecutivo provincial habilita esta excepción para una operación vinculada con capital extranjero, en la Cámara de Diputados comenzó a discutirse un proyecto para establecer mayores controles provinciales sobre la extranjerización de tierras rurales.
La iniciativa legislativa propone límites, un registro provincial y controles especiales sobre tierras vinculadas con agua, glaciares, áreas protegidas y otros recursos considerados estratégicos.
El proyecto todavía se encuentra en comisión y no tiene aprobación legislativa.
Una decisión que empieza a generar cuestionamientos
La operación ya generó posiciones críticas.
Oscar Bellini, referente local vinculado históricamente con la discusión sobre la protección de Península de Magallanes, cuestionó públicamente la decisión y pidió al Gobierno que publique la totalidad del expediente, los estudios y permisos ambientales y que abra una discusión pública en El Calafate. Se trata de su posición sobre el proyecto y no de una conclusión oficial acerca de su impacto ambiental.
Las dudas sobre el emprendimiento, además, no comenzaron esta semana. En julio ya se habían conocido cuestionamientos y pedidos de información de sectores de El Calafate ante el avance del proyecto turístico en la Península.
La inversión millonaria anunciada por Vidal
La decisión también coincide con declaraciones recientes de Claudio Vidal anticipando una inversión turística extranjera superior a los US$90 millones en un punto estratégico de Santa Cruz.
Medios de El Calafate vincularon aquel anuncio con este proyecto y señalaron una proyección de aproximadamente 300 puestos de trabajo. Sin embargo, el Decreto 915/2026 no establece por sí mismo ni el monto de US$90 millones ni esa cantidad de empleos: lo que formaliza es la excepción necesaria para esta operación inmobiliaria específica.
Qué se sabe y qué todavía falta conocer
Hay un dato que ya no está en discusión: el Gobierno provincial autorizó expresamente una excepción a una restricción existente para que pueda concretarse esta venta particular.
También está documentado que la compradora es una sociedad argentina cuyo accionista único es una empresa constituida en Dubái y que el destino declarado de la propiedad es un emprendimiento turístico en Península de Magallanes.
Lo que ahora adquiere relevancia pública es conocer en profundidad la superficie involucrada, las condiciones económicas definitivas de la operación, el proyecto ejecutivo completo, sus alcances y los controles ambientales que tendrá durante su desarrollo.
Por la ubicación del inmueble y por tratarse de una excepción expresamente otorgada por el Poder Ejecutivo, el tema promete convertirse en uno de los debates importantes para El Calafate y Santa Cruz en las próximas semanas.
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