Más de 200 personas permanecían alojadas en dependencias policiales según los últimos datos comparables disponibles. En Santa Cruz, la estadía promedio llegó a 532 días, la más extensa del país. Mientras tanto, policías que deberían cumplir tareas preventivas terminan destinados durante meses a custodias, traslados, alimentación y cuidado de detenidos.
Santa Cruz atraviesa una situación que desde hace tiempo dejó de ser exclusivamente penitenciaria para convertirse también en un problema de seguridad pública.
Las comisarías fueron pensadas fundamentalmente para funciones policiales: recibir denuncias, intervenir ante emergencias, realizar tareas preventivas e investigativas y alojar transitoriamente a personas detenidas.
Sin embargo, en distintas localidades de la provincia, muchas dependencias terminaron asumiendo durante períodos prolongados tareas propias de una alcaidía.
Y esa transformación tiene una consecuencia directa sobre el funcionamiento policial: cada efectivo que permanece dedicado a custodiar detenidos es un recurso que no está disponible para otras tareas de prevención, patrullaje, atención al vecino o intervención en la calle.
No significa que la sobrepoblación en comisarías explique por sí sola los problemas de seguridad de Santa Cruz. Pero sí constituye un factor que absorbe personal, infraestructura y horas de trabajo policial que podrían destinarse a otras funciones.
Más de 200 detenidos dentro de comisarías
Los números permiten dimensionar el problema.
Un relevamiento difundido por TN Río Gallegos, basado en información del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales correspondiente a diciembre de 2024, indicó que Santa Cruz tenía 598 personas privadas de libertad por disposición judicial y que 202 permanecían alojadas en dependencias policiales.
Eso representaba aproximadamente un tercio del total.
Pero el dato más preocupante era el tiempo de permanencia: 532 días en promedio dentro de una comisaría, el registro más alto entre las jurisdicciones relevadas. La Pampa aparecía con 525 días y Chaco con 519.
El propio sistema estadístico penitenciario nacional aclara que, desde la creación del Servicio Penitenciario Provincial, las personas alojadas en comisarías se contabilizan de manera separada de quienes permanecen en establecimientos penitenciarios.
Policías haciendo funciones de custodia durante meses
El problema no termina en conseguir un colchón y un espacio donde alojar a una persona.
Un detenido necesita custodia permanente, alimentación, controles, traslados judiciales, atención médica y vigilancia.
Todo eso requiere personal.
En una dependencia con varios detenidos, una parte importante de la dotación termina necesariamente vinculada a esas funciones.
La propia Jefatura de Policía reconoció durante el conflicto policial de este año que la reducción del personal operativo generaba dificultades para realizar traslados de detenidos, cubrir turnos médicos, recibir denuncias y sostener otras tareas habituales, además de provocar una sobrecarga sobre los efectivos que continuaban prestando servicio.
Allí aparece una pregunta inevitable: ¿cómo fortalecer la presencia policial en las calles cuando parte de los efectivos debe permanecer dentro de una dependencia cumpliendo tareas de guardia sobre personas privadas de libertad?
La tragedia de Perito Moreno volvió a exponer el problema
La situación volvió al centro de la discusión después del incendio ocurrido el 12 de septiembre en la Comisaría Primera de Perito Moreno.
Según informó oficialmente el Ministerio de Seguridad, cinco detenidos se encontraban alojados en el sector cuando uno de ellos inició un incendio. Oscar Emiliano Olivera y Javier Nicolás Pereyra fallecieron, mientras que los otros tres internos pudieron ser evacuados.
También fueron asistidos siete policías: uno sufrió quemaduras leves y los demás presentaron cuadros relacionados con inhalación de monóxido de carbono.
Las circunstancias particulares del incendio siguen siendo materia de actuaciones, pero el episodio volvió a colocar una pregunta mucho más amplia sobre la mesa: ¿hasta qué punto una comisaría está preparada para funcionar durante meses o años como lugar permanente de alojamiento de detenidos?
Dependencias policiales que terminan funcionando como alcaidías
Una comisaría que mantiene personas privadas de libertad durante más de un año promedio ya no está realizando solamente una detención transitoria.
En los hechos, está asumiendo funciones de alojamiento prolongado.
Pero sin necesariamente haber sido diseñada con la infraestructura, cantidad de personal y condiciones de seguridad propias de un establecimiento penitenciario.
Eso implica riesgos tanto para las personas detenidas como para los policías responsables de su custodia.
A la falta de espacio pueden sumarse conflictos entre internos, intentos de fuga, incendios, amenazas, agresiones y situaciones que obligan al efectivo policial a desempeñar un rol para el que una dependencia común no fue concebida originalmente.
¿Quién cuida a quienes tienen que custodiar?
La discusión también alcanza las condiciones laborales del personal.
Durante 2026, la Policía de Santa Cruz atravesó un conflicto que comenzó por cuestiones salariales pero que también expuso reclamos vinculados a las condiciones de trabajo y la capacidad operativa de las dependencias.
El Gobierno provincial informó en julio que el servicio llegó a funcionar con recursos mínimos durante parte de ese conflicto y posteriormente anunció la normalización gradual en distintas zonas de Santa Cruz.
Paralelamente, el Ministerio de Seguridad sostuvo que la recomposición salarial otorgada buscó dar respuesta al reclamo económico del personal y pidió el restablecimiento pleno de las funciones policiales.
Sin embargo, el problema de fondo de los detenidos dentro de las comisarías permanece.
Seguridad dentro y fuera de las dependencias
La discusión no debería reducirse solamente a construir más cárceles ni a aumentar indiscriminadamente el encarcelamiento.
También intervienen los tiempos judiciales, el uso de prisión preventiva, la disponibilidad de plazas penitenciarias, los traslados y las decisiones de jueces y fiscales.
Pero mientras esas respuestas no lleguen, son las comisarías las que absorben buena parte del problema.
Y cada dependencia sobrecargada tiene dos desafíos simultáneos: garantizar condiciones seguras para quienes permanecen detenidos y sostener el servicio que necesita la comunidad afuera.
Santa Cruz tiene hoy una discusión pendiente que excede a la Policía.
Porque cuando una comisaría termina funcionando como lugar permanente de detención, la crisis carcelaria también empieza a convertirse en un problema de seguridad para toda la sociedad.
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