La presentación fue realizada por la propia Jefatura de Policía de Santa Cruz contra más de 60 efectivos durante el conflicto salarial. Sin embargo, las declaraciones de los superiores locales no habrían respaldado la existencia de abandonos de servicio y, hasta el momento, ningún policía fue citado a indagatoria.
La causa judicial iniciada contra más de 60 policías de El Calafate comienza a mostrar un escenario muy distinto al que se planteó cuando la Jefatura de Policía de Santa Cruz decidió denunciarlos penalmente por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La presentación fue realizada durante el conflicto salarial que atravesó a la fuerza durante más de 50 días y tuvo como denunciantes a las máximas autoridades policiales provinciales.
Sin embargo, con el avance de la investigación, las declaraciones tomadas a los jefes de las distintas dependencias de El Calafate no habrían aportado elementos contundentes para sostener que existió un abandono de servicio generalizado o una situación que dejara a la comunidad completamente desprotegida.
Pasa en Calafate ya había informado sobre esas contradicciones entre lo denunciado desde la conducción provincial y lo expresado posteriormente por superiores locales ante la Justicia.
Ahora aparece un dato todavía más relevante: hasta el momento, la Fiscalía a cargo de Natalia Mercado no solicitó la imputación formal de ninguno de los efectivos denunciados.
Sin imputaciones ni indagatorias
La causa continúa abierta y en etapa de instrucción, pero por ahora no hubo pedidos de indagatoria.
Eso significa que ninguno de los policías denunciados fue llamado todavía a responder formalmente como imputado dentro del expediente.
La investigación deberá incorporar ahora documentación clave: las hojas de los libros de guardia de las distintas dependencias, donde consta qué personal se encontraba presente y qué funciones cumplía durante los horarios cuestionados.
Ese material podría resultar determinante para establecer si efectivamente existieron incumplimientos individuales o si la denuncia formulada desde la Jefatura carece de elementos suficientes para sostener una acusación penal.
Una denuncia que no habría detallado hechos concretos
Otro punto que genera interrogantes es el contenido mismo de la presentación.
Según la información conocida hasta el momento, la denuncia impulsada por la Jefatura provincial no precisaría de manera detallada hechos, fechas ni pruebas individualizadas contra cada uno de los policías involucrados.
Esto adquiere especial relevancia teniendo en cuenta que la presentación alcanzó a más de 60 efectivos.
La conducción de la fuerza, encabezada por el jefe de Policía Diego Agüero, decidió llevar el conflicto al ámbito penal mientras los trabajadores policiales mantenían medidas de fuerza por una recomposición salarial.
El origen del conflicto: salarios que encendieron el reclamo
El reclamo policial había comenzado en un contexto de fuerte malestar salarial.
En ese momento, efectivos denunciaban que un agente podía percibir alrededor de $900.000 mensuales, mientras que también se conocieron casos de agentes recién egresados enviados a prestar servicio en distintas localidades del interior con ingresos cercanos a los $600.000.
La situación generó fuertes cuestionamientos sobre las condiciones en las que comenzaban su carrera jóvenes policías que, en muchos casos, debían trasladarse lejos de sus lugares de origen y afrontar alquiler, alimentación y gastos básicos con esos ingresos.
El conflicto derivó en medidas de fuerza en prácticamente toda la provincia y terminó abriendo una fuerte disputa entre las bases policiales y la conducción de la institución.
Los propios jefes locales quedaron en el centro
Uno de los aspectos más llamativos de la investigación surgió cuando comenzaron a declarar los responsables de comisarías, unidades operativas, comando de patrulla y bomberos de El Calafate.
De esos testimonios no habrían surgido afirmaciones contundentes sobre abandonos de servicio.
La diferencia entre esas declaraciones y la denuncia presentada desde la cúpula policial quedó así bajo la lupa.
En los hechos, fueron los propios superiores de los policías denunciados quienes debieron explicar ante la Justicia cómo funcionaron las dependencias durante las medidas de fuerza.
¿Qué pasará ahora con la causa?
La investigación todavía no está cerrada.
El juez Carlos Albarracín continúa con la etapa de instrucción y resta incorporar documentación y otros elementos que podrían definir el futuro del expediente.
Pero el escenario actual es concreto: no hay imputaciones, no hubo citaciones a indagatoria y las declaraciones conocidas hasta ahora no habrían aportado elementos suficientes para sostener una acusación firme contra los más de 60 policías.
Si no aparecen nuevas pruebas, la causa podría encaminarse eventualmente hacia un archivo o sobreseimiento, aunque esa decisión todavía no fue adoptada.
Por ahora, una pregunta empieza a tomar cada vez más fuerza: ¿qué sustento tenía la denuncia realizada por la Jefatura contra sus propios efectivos si los testimonios de los responsables locales no confirmaron abandonos de servicio?
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