El nuevo esquema nacional ya está vigente, pero en la provincia aparecen serias dudas sobre infraestructura, legislación procesal y recursos. Jueces y funcionarios advierten que el sistema santacruceño todavía tiene vacíos importantes.
La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió un fuerte debate en Santa Cruz.
Mientras la nueva normativa nacional comienza a aplicarse, distintos referentes del ámbito judicial y político provincial advirtieron que Santa Cruz todavía no cuenta con todas las herramientas necesarias para implementar el sistema de manera plena.
Uno de los planteos más fuertes fue realizado por el juez Penal Juvenil Fernando Zanetta, quien sostuvo que la provincia no tiene hoy una legislación procesal adecuada para acompañar los cambios.
Entre los puntos señalados aparece la antigüedad del Código Procesal Penal provincial, además de limitaciones concretas para aplicar determinadas medidas a menores de edad.
Falta de infraestructura
Otro de los principales problemas está relacionado con los espacios disponibles para alojar adolescentes alcanzados por el nuevo régimen.
Desde distintos sectores advirtieron que Santa Cruz cuenta con una infraestructura limitada y que no existen establecimientos suficientes para cubrir las necesidades que podría generar la aplicación de la ley.
La diputada provincial Agostina Mora también cuestionó el escenario actual y sostuvo que la provincia no está preparada en materia edilicia ni institucional para afrontar un cambio de estas características.
Además, planteó que el debate no debería limitarse únicamente a la sanción penal, sino que también debe incluir políticas de salud mental, educación, prevención y contención social.
¿Qué pasa con los adolescentes de 14 y 15 años?
La nueva normativa alcanza a adolescentes desde los 14 años, lo que introduce un cambio importante respecto del esquema anterior.
Desde áreas provinciales vinculadas a Niñez y Adolescencia se remarcó la necesidad de que las familias conozcan el alcance de la ley y las consecuencias que pueden tener determinadas conductas.
El cambio genera un escenario completamente nuevo para la provincia, especialmente por la falta de una estructura específica y consolidada para este tipo de casos.
Un juzgado vacante y un sistema incompleto
A las dificultades edilicias se suma otra cuestión: el juzgado especializado de Caleta Olivia continúa vacante.
Esto expone una debilidad adicional dentro del sistema judicial provincial, que ahora deberá afrontar una normativa más exigente sin contar todavía con todos los cargos y organismos cubiertos.
También existen cuestionamientos por la falta de financiamiento y de recursos destinados a adaptar el sistema a las nuevas exigencias.
Una ley vigente, pero con muchas preguntas abiertas
El nuevo Régimen Penal Juvenil ya está en vigencia, pero en Santa Cruz persisten interrogantes importantes.
¿Dónde serán alojados los adolescentes? ¿Qué herramientas tendrá la Justicia para actuar? ¿Cómo se aplicará la normativa si la provincia no actualizó todavía su legislación procesal?
Esas preguntas empiezan a tomar fuerza en un contexto donde jueces, legisladores y funcionarios coinciden en que el sistema santacruceño enfrenta serias limitaciones.
La discusión, por ahora, recién comienza.
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