El abogado Fernando Tanarro advirtió sobre la situación institucional que atraviesa Santa Cruz luego de que el jefe de Gabinete denunciara haber sido vigilado. También respaldó el pedido de explicaciones al área de Seguridad y cuestionó decisiones vinculadas al Poder Judicial y organismos de control.
La denuncia realizada por el jefe de Gabinete de Santa Cruz, Pedro Luxen, por presuntas tareas de vigilancia continúa generando repercusiones en distintos ámbitos de la provincia.
Esta vez fue el abogado Fernando Tanarro quien se pronunció sobre el caso y calificó la situación como “absolutamente grave”, al considerar que una acusación de estas características no puede ser minimizada cuando involucra a uno de los principales funcionarios del Poder Ejecutivo.
Durante una entrevista en el programa “La Bisagra”, Tanarro sostuvo que el episodio adquiere una dimensión institucional todavía mayor debido a que Luxen manifestó preocupación no solamente por su seguridad, sino también por la integridad de su familia.
El abogado planteó además que, si un funcionario de semejante jerarquía denuncia sentirse vigilado, corresponde determinar qué ocurrió, quiénes participaron y bajo qué órdenes se habrían realizado esas tareas.
Respaldó el pedido de explicaciones en la Legislatura
En ese contexto, Tanarro se mostró a favor de que el ministro de Seguridad y las autoridades de la Policía de Santa Cruz brinden explicaciones ante la Legislatura.
Consideró necesario esclarecer si existieron tareas de seguimiento y determinar las responsabilidades correspondientes en caso de comprobarse irregularidades.
Para el letrado, el episodio también genera interrogantes sobre las garantías que tiene cualquier ciudadano si desde las propias estructuras estatales pudieran desarrollarse prácticas de estas características.
La denuncia se encuentra en manos de la Justicia, que deberá establecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades.
La situación de tres magistradas
Tanarro también abordó el conflicto relacionado con tres integrantes del Poder Judicial alcanzadas por disposiciones vinculadas a su jubilación.
Según explicó, una medida cautelar otorgada por la Justicia suspendió durante 60 días los efectos de la decisión cuestionada, impidiendo temporalmente el cese de las magistradas y la designación de reemplazantes.
El abogado cuestionó además lo que considera presiones sobre integrantes de la Justicia mediante pedidos de jury o juicios políticos cuando existen resoluciones contrarias a los intereses del Ejecutivo.
En ese sentido, advirtió sobre la necesidad de preservar la independencia entre los poderes del Estado.
Cuestionamientos a designaciones
Finalmente, Tanarro apuntó contra los criterios utilizados para cubrir cargos relevantes dentro de organismos públicos y sostuvo que, en determinados casos, existiría una mayor incidencia de las relaciones políticas que de los antecedentes profesionales.
Entre sus cuestionamientos mencionó la designación de la exministra de Economía Marilina Jaramillo al frente del Tribunal de Cuentas.
El abogado consideró que su paso previo por el Ejecutivo plantea interrogantes respecto del posterior control de actos correspondientes a la administración de la que formó parte.
Las declaraciones de Tanarro se suman así al debate generado alrededor de la denuncia presentada por Luxen, un episodio que ya llegó al ámbito legislativo y que mantiene abierta una investigación judicial para determinar qué ocurrió y si existieron responsabilidades dentro de estructuras estatales.
FOTO: TIEMPO SUR
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