La Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas solicitó suspender el tratamiento del Proyecto de Ley N.º 367/2024, que propone crear el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos. La entidad, que asegura reunir a cerca del 90% de las oficinas del rubro en la provincia, advierte sobre consecuencias laborales, económicas y jurídicas si la iniciativa avanza en sus términos actuales.
La Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS) hizo llegar a nuestro medio un documento en el que expresa su preocupación por el avance legislativo del Proyecto de Ley N.º 367/2024 y solicita a la Cámara de Diputados de Santa Cruz que suspenda su tratamiento en comisiones hasta abrir una instancia de participación con los distintos actores involucrados.
La iniciativa en discusión contempla la creación del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia. Desde ACIS aclaran que no se oponen a la organización profesional de quienes poseen esa titulación, pero cuestionan que la futura regulación pueda extender sus alcances sobre toda la actividad inmobiliaria.
Según la entidad, durante las instancias previas acercaron observaciones y propuestas para alcanzar una normativa equilibrada. Sin embargo, remarcaron que nunca existió un acuerdo institucional que permita considerar al texto actualmente impulsado como consensuado por el conjunto del sector.
Preocupación por inmobiliarias y puestos de trabajo
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la posibilidad de establecer exigencias de titulación y matriculación obligatoria para desarrollar la actividad.
ACIS sostiene que incorporar esos requisitos sobre comercios que actualmente funcionan dentro del marco legal podría afectar derechos adquiridos y generar nuevas cargas administrativas y económicas. En su presentación también plantea objeciones vinculadas con la libertad de trabajo, asociación y el principio de irretroactividad.
La preocupación se concentra especialmente en las pequeñas empresas y emprendimientos familiares de localidades del interior santacruceño, donde las condiciones económicas y la escala de funcionamiento son diferentes a las de los principales centros urbanos.
La Asociación advierte que una regulación uniforme podría derivar, según su evaluación, en el cierre de establecimientos, pérdida de fuentes laborales y una mayor concentración de la oferta inmobiliaria en determinadas ciudades.
Qué le piden a la Cámara de Diputados
El planteo presentado incluye siete puntos concretos. Entre ellos se encuentra la suspensión inmediata del tratamiento en las comisiones asesoras y la convocatoria a una mesa formal, pública y participativa.
También solicitan excluir expresamente la actividad comercial inmobiliaria de los alcances que corresponderían al ejercicio profesional de martilleros y corredores públicos, preservar la situación de los establecimientos que actualmente trabajan en Santa Cruz e incorporar al expediente legislativo la propuesta alternativa elaborada por ACIS.
La organización pretende además contar con un espacio para exponer ante la Comisión de Legislación General y los distintos bloques parlamentarios.
Otro punto relevante es la propuesta de establecer por ley dos colegios diferenciados: uno destinado a Martilleros y Corredores Públicos, sin intervención sobre el rubro inmobiliario, y otro correspondiente a Corredores Inmobiliarios. Como antecedente, la entidad señala que existen 14 jurisdicciones del país donde funcionan estructuras separadas, mencionando entre ellas a CABA y Córdoba.
ACIS anticipó que podría recurrir a la Justicia
La institución sostiene que una normativa con impacto sobre todo un sector comercial debería construirse con participación amplia y representación efectiva de quienes desarrollan la actividad en las distintas localidades santacruceñas.
Por ese motivo, espera que el Poder Legislativo escuche el planteo antes de continuar con la tramitación.
El documento concluye con una advertencia: si la ley fuera finalmente sancionada sin contemplar las objeciones formuladas, ACIS dejó expresamente planteada la posibilidad de recurrir a vías institucionales y judiciales de inconstitucionalidad.
La presentación está respaldada por inmobiliarias asociadas de diferentes puntos de Santa Cruz, con presencia en Río Gallegos, El Calafate, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Las Heras, Piedra Buena y Río Turbio, entre otras localidades.
Fuente: Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS).
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